Propuesta a la Nación
Las Academias Nacionales tienen el agrado
de invitar a Ud (s) al acto solemne
de presentación de las
PROPUESTAS A LA NACIÓN
Paraninfo del Palacio de las Academias
Miércoles 10 de noviembre de 2010
Hora: 9:00 am.
Av. Universidad, Bolsa a San Francisco
Brindis: Patio Vargas
Metro: Capitolio
RSVP 482 8504 482 9330 (Sólo excusas)
PROGRAMA
1. Palabras de apertura – Dr. Pedro A. Palma – Coordinador
2. La reconstrucción institucional del país – Academia de Ciencias Políticas y Sociales
3. La enseñanza de la historia – Academia Nacional de la Historia
4. Estado de la salud en Venezuela – Academia Nacional de Medicina
5. Pertinencia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo actual de Venezuela – Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
6. La inflación y sus repercusiones en la calidad de vida de los venezolanos – Academia Nacional de Ciencias Económicas
7. El desarrollo sostenible del país – Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
8. Clausura / Brindis
ACADEMIA DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
LA RECONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL DEL PAIS
PROPUESTAS A LA NACIÓN DE LAS ACADEMIAS NACIONALES
I. Las proclamaciones constitucionales y la realidad política
Venezuela constitucionalmente es un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. En ese sentido la Constitución es un programa para el establecimiento de una sociedad democrática y plural. El modelo constitucional recoge las instituciones y los valores propios de las democracias sociales modernas, instituciones y valores consolidados y reconocidos universalmente, tales como la representación popular y la elección; la separación de los poderes públicos y el control jurisdiccional de los gobernantes. Sin embargo, en nuestra realidad política la separación de los poderes públicos, ha sido sustituida por un predominio prácticamente del Poder Ejecutivo, al mismo tiempo que se postula la inconveniencia de la separación de poderes. .De otra parte, constitucionalmente la representación popular y las elecciones deben asegurar los principios de la representación proporcional y el reconocimiento electoral de las minorías. No obstante, los resultados de las elecciones del 26 de septiembre de 2010, pusieron de manifiesto que el sistema que se estableció de circuitos electorales va en desmedro de la representación proporcional y de las minorías. La ausencia de un Parlamento autónomo, causa un desequilibrio a favor de uno de los poderes públicos, y produce los efectos negativos que para una democracia significa que uno de los poderes deje de cumplir su función natural de control y que los ciudadanos sientan que sus intereses no son tomados en cuenta o no son escuchados a la hora de legislar. Por otro lado se desconoce el sistema económico constitucional que lleva a considerar la libre iniciativa no como derecho sino como excepción dentro de la planificación económica gubernamental y a la propiedad como una simple licencia para el uso de los bienes en los sectores de la producción, industriales, del comercio y de los servicios. En la realidad política se constata la falta de un Poder Judicial independiente, lo cual pone en peligro la seguridad de los ciudadanos, atenta contra la preservación de la intangibilidad de los derechos humanos, elimina el control sobre los gobernantes para que actúen dentro de los límites del derecho y rompe la armonía que debe existir entre los principios y valores constitucionales y las leyes que están destinadas a conservarlos. Un poder judicial sin autonomía es el que permite que el derecho de propiedad, consagrado como derecho humano por convenciones internacionales de las cuales es signatario el país y proclamado como derecho fundamental con valor constitucional, sea irrespetado y amenazado continuamente, afectándose el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. Es posible señalar que Venezuela vive actualmente entre paradojas. Una de ellas es la constatación de que nunca se había hablado y escrito tanto acerca de la Constitución y de los principios constitucionales y jamás las denuncias de su irrespeto habían sido tan frecuentes, tanto a nivel nacional como internacional. La razón radica en que el texto constitucional fue concebido para una democracia plural, pero después de haber propiciado su reforma en el año 2007 y haber visto rechazada su propuesta en un referéndum, se trata de imponer las reformas rechazadas a través de leyes que no encajan en el marco constitucional, porque esas leyes están inspiradas en una única ideología socialista que no está recogida en la Constitución. Y que resultan excluyentes en la práctica de quienes no se identifican con esa ideología con alteración de los principios de igualdad y de no discriminación. Esta situación es potencialmente creadora de conflictos y de inestabilidad social. Una paradoja más trascurre entre la exaltación de los derechos constitucionales y la violencia criminal que afecta a los habitantes del país todos los días. ¿Dónde está el derecho a la vida?, es la pregunta que se hacen las víctimas de la inseguridad personal y sus padres y parientes afligidos ante la pérdida irreparable de seres queridos. El Estado guardián de la paz y de la seguridad personal está muy lejos de estas personas. La praxis política venezolana se ha deteriorado. Sin haber sido perfecta ni mucho menos, ha sufrido una erosión que se manifiesta hasta en el lenguaje empleado y en la distorsión deliberada de la historia, dos componentes de la vida diaria cuyo mal uso incomoda, agrede y exalta la mala educación. Una recuperación de la cortesía y de la corrección intelectual, junto con la práctica de la ética, le daría a la política una dignidad que merece y ha tenido en otras épocas de la historia venezolana.
II. La reinstitucionalización del país.
El breve resumen que precede lleva a concluir que es necesario resolver pacíficamente el problema esencial de la vigencia y eficacia del pacto social contenido en la Constitución. En opinión de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales se hace necesario que se proceda a una pacífica reconstrucción de la institucionalidad del país, proceso que podría llevarse a cabo en los términos que respetuosamente se proponen a continuación.
1. La supremacía de la Constitución. La Constitución proclama el establecimiento de un Estado de Derecho para una sociedad democrática a través de los valores consensuados del pluralismo, el respeto de los derechos fundamentales, la separación y el equilibrio entre los poderes, la participación ciudadana, la organización federal del Estado, la alternancia de los gobiernos, un sistema económico democrático, la seguridad jurídica y la independencia de los jueces. Valores éstos que de no garantizarse se pone en riesgo de colapso un sistema político democrático que dice basarse en el imperio de la Constitución y de la Ley. Por otro lado, la supremacía de la Constitución y el imperio de la Ley determinan que en la democracia todo poder debe ser controlado. De allí la necesidad de que la sociedad democrática cuente con instituciones jurídicas que aseguren la eficacia de las condiciones políticas que esos valores implican y la implementación del control político y jurídico sobre el poder público. Por ello, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales cree su obligación plantear la necesidad de un compromiso nacional de fortalecimiento de la institucionalidad democrática de nuestro páis frente al proceso de desinstitucionalización que se ha venido produciendo por la falta funcionamiento de las instituciones que tienen a su cargo garantizar la supremacía constitucional, el imperio de la ley , el respeto de los derechos fundamentales, el sistema de partidos y el control del poder.
2. La seguridad jurídica. La seguridad jurídica como principio y como derecho ciudadano exige instituciones judiciales que funcionen eficiente e independientemente. Por ello, considera la Academia de Ciencias Políticas y Sociales que la reciente elección de Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para cuya legitimidad democrática y política ha de darse dentro del mayor consenso posible, debe demostrar una verdadera voluntad de servir a los intereses superiores de la Nación, designándose a personas que estuvieran por encima de las posiciones partidistas y fuera de toda duda o sospecha sobre su imparcialidad, escogiéndolos conforme al procedimiento y requisitos establecidos en la Constitución y respetándose los espacios de participación ciudadana que garantiza la misma Constitución en el proceso público de selección. Esta designación es una oportunidad para el consenso y la convivencia, dentro del espiritu de la Constitución de lo que implica un pacto social. El principio de seguridad jurídica y el principio democrático, como pautas para la institucionalización del país, impone definir también el ámbito material de los decretos con fuerza de ley dictados por el Presidente de la República, mediante autorización de leyes habilitantes, En efecto, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales estima que una interpretación de la Constitución no puede llevar al absurdo de que no es posible imponer limites a dichos decretos, porque ello conduce a la eliminación de las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional y a la desnaturalización de la excepcionalidad de la delegación legislativa.
3. Ética, responsabilidad, el control de la gestión pública y la lucha contra la corrupción. Estos principios son pautas para la actuación de los poderes del Estado, que justifican el reclamo nacional por la ausencia de controles y de investigación de la actividad gubernamental, así como por la alteración de las reglas de la disciplina presupuestaria y monetaria para facilitar el manejo de ingresos extraordinarios y de las reservas internacionales, con total discrecionalidad, sin claridad y sin rendición de cuentas. Por ello, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales considera que la legitimidad de la gobernabilidad democrática requiere la concreción en el manejo de los recursos públicos de los principios de la transparencia, de ausencia de discrecionalidad, de rendición de cuentas y de información y consultas en el proceso de la toma de decisiones, de planificación del desarrollo y especialmente de investigación en la lucha contra la corrupción. En ese orden de ideas, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, considera que en el compromiso nacional de la reinstitucionalización del país, al igual de lo que sucede en los parlamentos de países democráticos, respecto de sus facultades de control y de investigación, se debe incorporar a las normas internas de la Asamblea Nacional la obligatoriedad de iniciar procesos de investigación cuando se soliciten por porciones significativas de sus integrantes, para no dejar en manos de las mayorías las decisiones de llevar a cabo tales investigaciones, porque la transparencia, la probidad, la información, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción son determinantes de la honradez, eficiencia, confiabilidad y responsabilidad de las administraciones públicas en una gobernabilidad democrática.
4. Derechos económicos y sociales. La utilización de las ocupaciones indefinidas de bienes privados como sanciones por el incumplimiento de obligaciones administrativas o contractuales, o de las expropiaciones de bienes singulares para penalizar a sectores productivos e industriales o de servicios, o su utilización como un instrumento normal para la estatización de actividades económicas que no han sido reservadas mediante leyes orgánicas por carecer de de interés público y estratégico, y las ocupaciones anticipadas a los procedimientos expropiatorios mediante la utilización de fuerzas militares, fomentan la inseguridad jurídica y ahuyentan las inversiones que impone un desarrollo armónico de la economía nacional. Así como la promulgación de leyes para imponer un modelo económico de un estado corporativo excluyente para sustituir el sistema democrático de equilibrio económico. Por ello, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales cree conveniente la promulgación de una ley marco que regule las facultades de intervención del Estado respecto del contenido esencial de los derechos económicos y sociales.
5. Seguridad y defensa. Por su influencia en la confianza jurídica, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales plantea al país la necesidad de racionalizar legislativamente el concepto de la seguridad de la Nación, que impida su utilización como justificación para limitar el ejercicio de derechos políticos, económicos y sociales, con riesgo para los valores democráticos. En ese mismo orden de ideas, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales propugna que se redefina la misión de la Fuerza Armada Nacional vinculándola a la defensa exterior y a la preservación del orden constitucional y que se delimite su participación en el mantenimiento del orden interno y en la práctica de actividades administrativas, que corresponden como función esencialmente a las autoridades civiles.
Conclusiones
Las propuestas anteriores tienen el propósito de contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad de la Nación para la construcción del proyecto de gobernabilidad de la sociedad democrática contenido en la Constitución, fundada en un desarrollo con justicia social y con libertad. En ese proceso de complementariedad de diversos sectores el Parlamento ha de ser no solo la representación de toda la Nación sino el espacio natural para la concordancia de las piezas políticas y sociales que coexisten en el país. La razón de esa complementariedad es que para que las decisiones del Estado cuenten con verdadera legitimidad deben tener un amplio respaldo. Asimismo, esta Academia está consciente de la importancia de la libertad de enseñanza en todos los niveles y de la educación en las políticas públicas, por lo que debe declárasele de interés público nacional, porque no sólo eleva el nivel cultural y cívico de nuestros ciudadanos, sino que también contribuye al mejoramiento de la lucha contra la delincuencia y contra la corrupción, y porque promueve las potencialidades del país y la aptitud de los venezolanos hacía la convivencia ciudadana,. Por ello, ha de ocupar actividades de primer orden en las políticas públicas y en la planificación presupuestaria del país. Por todo lo expuesto, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales propugna la necesidad de ese encuentro nacional para lograr acuerdos de reinstitucionalización del país, con la intención de llevar a cabo el propósito constitucional de construir una sociedad democrática, es decir, de una democracia para todos y con todos.
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